Carencias del pacto fiscal
El ataque frontal contra la corrupción y el desperdicio es la base del cualquier pacto fiscal. Sin embargo, el pacto celebrado la semana pasada en México, llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria, dice poco respecto al uso y destino de los recursos públicos.
Carlos Elizondo Mayer-Serra 06/03/2014 01:53
Christian Wulff renunció a la presidencia de Alemania en 2012 por un presunto soborno. Desde México, uno se imagina que debió haber sido por una corruptela multimillonaria y efectuada a plena luz frente a cientos de testigos. No fue así. El presunto delito era por 720 euros (13 mil 172 pesos). La semana pasada la justicia alemana lo declaró inocente del cargo.
Para Wulff fue muy alto el costo personal de vivir en una sociedad obsesionada con que el dinero público se gaste bien y que los funcionarios no acepten ni 720 euros de un empresario. Sin embargo, esa obsesión les permite a los alemanes tener un Estado que funciona y la confianza de que los recursos públicos se usarán razonablemente bien. No necesitan firmar un pacto fiscal. Éste opera en la práctica.
En México ningún político sufriría ni una noche de desvelo por aceptar 13 mil pesos. No pierde el sueño el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuyo gobierno contrató 34 mil millones de pesos de deuda para su estado, sin que estuviera debidamente reportada, utilizando documentos falsos y sin que hoy se sepa bien dónde se gastó una parte de ella. Ni siquiera parece que le afecte el que la justicia en Estados Unidos haya detenido a Héctor Javier Villarreal, quien fuera secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante su administración, por supuesto lavado de dinero, transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas, sobornos a funcionarios estadunidenses, malversación de fondos públicos y fraude. A la justicia mexicana no parece importarle el tema. Salvo el ex gobernador Granier y su pandilla de Tabasco, el resto de los presuntos desfalcos estatales o federales no han llevado a nadie a la cárcel.
Tampoco parecen importar los excesos de gasto en salarios, autos, oficinas, viajes y personal que sobra en las dependencias públicas. Todos los días hay un escándalo nuevo. El de febrero: la ALDF disolvió un fideicomiso de 150 millones de pesos destinados a becas de estudiantes. Nunca quedó claro a qué estudiantes les llegaron las becas. Los 38 millones de pesos que sobraron se los repartieron entre los asambleístas. Hay escandalosos desperdicios del pasado que nunca han tenido consecuencias, como el gasto de Enciclomedia, programa que costó en total 31 mil 687 millones de pesos entre 2004 y 2012, sobre el que hay dudas serias sobre algunos de sus contratos multimillonarios. En esta administración Enciclomedia ya no recibió presupuesto.
Para documentar el pesimismo basta leer el informe de la Cuenta Pública que anualmente, por obligación legal, presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Éste, como bien lo catalogó María Amparo Casar en estas páginas editoriales, es un “producto perecedero”. Nadie le da seguimiento a sus hallazgos y recomendaciones.
El ataque frontal contra la corrupción y el desperdicio es la base del cualquier pacto fiscal. Sin embargo, el pacto celebrado la semana pasada en México, llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria, dice poco respecto al uso y destino de los recursos públicos. Sólo afirma que se mejorará la eficiencia y la transparencia del gasto público. Nada de la importancia de perseguir a quienes se roban los recursos provenientes de nuestros impuestos.
¿Por qué optó en este momento el gobierno por firmar este acuerdo tributario? Probablemente porque creen que la Reforma Fiscal está funcionando muy bien en términos de recaudación. En un ambiente económico casi recesivo, comparando enero de 2014 con el mismo mes del año anterior, los ingresos tributarios del gobierno aumentaron 22.9 por ciento. En el caso del ISR el aumento fue de 26.3% y en el IVA 12.4 por ciento. Habrá que desmenuzar los datos para saber bien qué está pasando, es un aumento inusitado, bien pueden ser pagos extraordinarios en este enero. Sin embargo, como me dijo Leo Zuckermann, sólo al gobierno le fue bien en enero…. aunque con nuestro dinero. De mantenerse este ritmo, el gobierno va a recaudar mucho más de lo esperado.
¿Por qué los empresarios optaron por aceptar el acuerdo? No entiendo bien. Supongo que prefieren la certidumbre que da tener ciertas reglas tributarias hasta 2018, aunque sean onerosas. Menos claro aún es por qué no exigieron medidas concretas respecto a la lucha contra la corrupción como parte del acuerdo. Una hipótesis es que ya se acostumbraron, como tantos mexicanos, a la corrupción, y ya no le ven el caso a denunciarla.
Están equivocados. Si la sociedad no presiona para que todo abuso y desperdicio sea perseguido y castigado y el gobierno no decide concentrar una parte importante de sus esfuerzos para lograr ese fin, el acuerdo firmado es simplemente una declaratoria de que no se subirán más los impuestos. No es un verdadero pacto fiscal. En éste, la sociedad acepta un conjunto de impuestos a cambio de un gasto público transparente y asignado a lo que la sociedad necesita, no para el servicio de la élite política. Un pacto fiscal adecuado es aquel donde la corrupción es socialmente tan castigada que un supuesto abuso de unos cuantos miles de pesos puede llevar, como en Alemania, a la dimisión de un funcionario de primer nivel, aunque luego resulte que era inocente. Si en México los encargados de perseguir la corrupción hicieran bien su trabajo, encontrarían muchos responsables de haber desviado cientos de millones de pesos.
*Profesor investigador del CIDE
Para Wulff fue muy alto el costo personal de vivir en una sociedad obsesionada con que el dinero público se gaste bien y que los funcionarios no acepten ni 720 euros de un empresario. Sin embargo, esa obsesión les permite a los alemanes tener un Estado que funciona y la confianza de que los recursos públicos se usarán razonablemente bien. No necesitan firmar un pacto fiscal. Éste opera en la práctica.
En México ningún político sufriría ni una noche de desvelo por aceptar 13 mil pesos. No pierde el sueño el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, cuyo gobierno contrató 34 mil millones de pesos de deuda para su estado, sin que estuviera debidamente reportada, utilizando documentos falsos y sin que hoy se sepa bien dónde se gastó una parte de ella. Ni siquiera parece que le afecte el que la justicia en Estados Unidos haya detenido a Héctor Javier Villarreal, quien fuera secretario ejecutivo del Servicio de Administración Tributaria de Coahuila durante su administración, por supuesto lavado de dinero, transacciones financieras relacionadas con actividades ilícitas, sobornos a funcionarios estadunidenses, malversación de fondos públicos y fraude. A la justicia mexicana no parece importarle el tema. Salvo el ex gobernador Granier y su pandilla de Tabasco, el resto de los presuntos desfalcos estatales o federales no han llevado a nadie a la cárcel.
Tampoco parecen importar los excesos de gasto en salarios, autos, oficinas, viajes y personal que sobra en las dependencias públicas. Todos los días hay un escándalo nuevo. El de febrero: la ALDF disolvió un fideicomiso de 150 millones de pesos destinados a becas de estudiantes. Nunca quedó claro a qué estudiantes les llegaron las becas. Los 38 millones de pesos que sobraron se los repartieron entre los asambleístas. Hay escandalosos desperdicios del pasado que nunca han tenido consecuencias, como el gasto de Enciclomedia, programa que costó en total 31 mil 687 millones de pesos entre 2004 y 2012, sobre el que hay dudas serias sobre algunos de sus contratos multimillonarios. En esta administración Enciclomedia ya no recibió presupuesto.
Para documentar el pesimismo basta leer el informe de la Cuenta Pública que anualmente, por obligación legal, presenta la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Éste, como bien lo catalogó María Amparo Casar en estas páginas editoriales, es un “producto perecedero”. Nadie le da seguimiento a sus hallazgos y recomendaciones.
El ataque frontal contra la corrupción y el desperdicio es la base del cualquier pacto fiscal. Sin embargo, el pacto celebrado la semana pasada en México, llamado Acuerdo de Certidumbre Tributaria, dice poco respecto al uso y destino de los recursos públicos. Sólo afirma que se mejorará la eficiencia y la transparencia del gasto público. Nada de la importancia de perseguir a quienes se roban los recursos provenientes de nuestros impuestos.
¿Por qué optó en este momento el gobierno por firmar este acuerdo tributario? Probablemente porque creen que la Reforma Fiscal está funcionando muy bien en términos de recaudación. En un ambiente económico casi recesivo, comparando enero de 2014 con el mismo mes del año anterior, los ingresos tributarios del gobierno aumentaron 22.9 por ciento. En el caso del ISR el aumento fue de 26.3% y en el IVA 12.4 por ciento. Habrá que desmenuzar los datos para saber bien qué está pasando, es un aumento inusitado, bien pueden ser pagos extraordinarios en este enero. Sin embargo, como me dijo Leo Zuckermann, sólo al gobierno le fue bien en enero…. aunque con nuestro dinero. De mantenerse este ritmo, el gobierno va a recaudar mucho más de lo esperado.
¿Por qué los empresarios optaron por aceptar el acuerdo? No entiendo bien. Supongo que prefieren la certidumbre que da tener ciertas reglas tributarias hasta 2018, aunque sean onerosas. Menos claro aún es por qué no exigieron medidas concretas respecto a la lucha contra la corrupción como parte del acuerdo. Una hipótesis es que ya se acostumbraron, como tantos mexicanos, a la corrupción, y ya no le ven el caso a denunciarla.
Están equivocados. Si la sociedad no presiona para que todo abuso y desperdicio sea perseguido y castigado y el gobierno no decide concentrar una parte importante de sus esfuerzos para lograr ese fin, el acuerdo firmado es simplemente una declaratoria de que no se subirán más los impuestos. No es un verdadero pacto fiscal. En éste, la sociedad acepta un conjunto de impuestos a cambio de un gasto público transparente y asignado a lo que la sociedad necesita, no para el servicio de la élite política. Un pacto fiscal adecuado es aquel donde la corrupción es socialmente tan castigada que un supuesto abuso de unos cuantos miles de pesos puede llevar, como en Alemania, a la dimisión de un funcionario de primer nivel, aunque luego resulte que era inocente. Si en México los encargados de perseguir la corrupción hicieran bien su trabajo, encontrarían muchos responsables de haber desviado cientos de millones de pesos.
*Profesor investigador del CIDE
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